CONTRALORES DEL PERU




C.P.C. Fuad Khoury Zarzar | Período 14.05.2009-Hasta la fecha
Contador Público Colegiado, graduado en la Universidad de Lima, con estudios de post grado en Universidad de Piura y en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados – ESAN, así como numerosos cursos y seminarios sobre gestión contable, finanzas y gerencia en el Perú y en el extranjero.

Tiene más de 25 años desarrollando actividades vinculadas al control financiero y administrativo en diversas empresas de envergadura, diseñando e implementando modelos de gestión y prácticas de clase mundial y de buen gobierno corporativo que generaron valor en empresas líderes de diversas industrias. Con amplia experiencia en gestión de estrategias y alineamiento organizacional y en el desarrollo de herramientas de medición de performance y control de gestión administrativa, financiera, comercial, contable y tributaria.

Se ha desempeñado como Auditor, Contralor y Gerente de Planificación Estratégica y Control de Gestión en diversas empresas nacionales e internacionales como Corporación Petrolera S.A.C., INTERBANK, Banco Wiese Sudameris, Compañía Minera Antamina, EDELNOR, CITIBANK N.A. – Sucursal Lima Perú, Colerige y Asociados (Representante de Arthur Andersen), obteniendo importantes logros en el fortalecimiento y los resultados de la gestión de las empresas.

Ha sido designado por el Congreso de la República como Contralor General de la República para el período 2009-2016.





Genaro Matute Mejía PhD. | Período 26.10.2001-10.2008
Es PhD en Gerencia con mención en Sistemas de Información de la University of California - UCLA (EE.UU.); MBA de la Universidad de British Columbia (Vancouver, Canadá); Magíster en Administración de Negocios de la Universidad ESAN (Lima, Perú). Se graduó de Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica, Perú) y es profesor principal de la Universidad ESAN en el área de Sistemas de Información y Toma de Decisiones.

Se ha desempeñado como Director del Programa de Magíster y Programas institucionales; Miembro del Consejo de Profesores y del Patronato de la Universidad ESAN. Fue designado Contralor General de la República del Perú, con Resolución Legislativa N° 27542, publicada el 27 de octubre de 2001.

Fue Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS y miembro del Comité Directivo de INTOSAI; asimismo, ha sido miembro del Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica de INTOSAI y designado como Presidente del Task Force “Lucha contra el Lavado Internacional de Dinero” de INTOSAI y del Grupo de Construcción de Capacidades.




Ing. Carmen Higaonna de Guerra | Período 2000-21.09.2001
Graduada como Ingeniero Economista en la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue Miembro de la primera Comisión Nacional de Reorganización del Sistema Tributario Aduanero en 1969.

Desempeñó los cargos de Analista Tributario de la Oficina de Investigación y Desarrollo Tributario; Especialista en Finanzas de la Dirección de Programación y Formulación Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Fue Asesora de la Dirección Ejecutiva y Jefa de la Oficina de Coordinación Técnica de la Dirección Ejecutiva de Contribuciones. Ejerció el cargo de Superintendente Nacional de Aduanas - SUNAD, entre los años 1991 a 1999.

Laboró en la Contraloría General de la República en los cargos de Supervisor II; Director Técnico de Control del Sector Economía y Comercio Exterior; Subcontralora General; y Asesora Técnica de la Contraloría General. Fue designada como Contralora General de la República, con Resolución Legislativa N° 27294.





Dr. Víctor Enrique Caso Lay | Período 1993 - 2000
El señor CPC Víctor Caso Lay, Contralor General de la República del Perú, nació en Lima, Perú. Graduado en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad de San Marcos del Perú, como Contador Público.

Con estudios de post grado en Banco y Finanzas Públicas: asimismo, estudios en Administración, Organización, Contabilidad Gerencial y Auditoría en entidades del sector público y en la actividad privada, ejerciendo funciones directivas y ejecutivas, lo llevó a ser elegido Contralor General de la República del Perú por el Congreso de su país en 1993.





Dra. Maria Herminia Drago Correa
| Período 1992 - 1993
Abogada de profesión. Fue designada Contralora General de la República, mediante Decreto Ley N° 25448, publicado el 26 de abril de 1992.

Durante su gestión, la Contraloría General fue sometida a una drástica reorganización, disminuyendo notablemente su capacidad operativa; llegando a contar con 120 trabajadores en la institución, de los 860 con los que contaba al inicio de la reorganización.





Dra. Luz Aurea Saenz Arana | Período 1987 - 1992
Abogada de profesión y profesora de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; lugar en el que realizó estudios de Doctorado en Educación. Fue catedrática de las universidades Inca Gracilazo de la Vega, Federico Villarreal y De Lima.

Se desempeñó en los cargos de asesora de la Gerencia de Prestaciones de Salud del Instituto Peruano de Seguridad Social; Presidente del Jurado Electoral Provincial de Lima; Fiscal Provincial de Lima; Fiscal Provincial Decana de Lima, Fiscal Superior Provisional en lo Penal y en lo Civil de Lima. Fue designada Contralora General de la República, mediante Resolución Senatorial N° 812-87 del 31 de octubre de 1987.





Ing. Miguel Angel Cussianovich Valderrama | Período 1980 - 1987
Durante la gestión del Ing. Cussianovich, la Contraloría General es designada por primera vez Sede del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Fiscalizadoras - ILACIF.

Nombro al Procurador Público para que atienda exclusivamente los asuntos judiciales de la Contraloría General.





Gral. EP Luis Montoya Montoya | Período 1978 - 1980
Durante la gestión del Gral E.P Luis Montoya, la Contraloría General es reconocida por la Constitución Política del 79, como organismo autónomo y central del Sistema Nacional de Control.

El senado de la República aprueba por 07 años la gestión del Contralor General.





Gral. EP Leoncio Perez Tenaud | Período 1975
Leoncio Perez Tenaud, nació en Lima. Curso estudios en la Escuela Militar de Chorrillos, donde en 1944 se graduó como Sub - Teniente de Infantería.

El General Pérez Tenaud, fue nombrado Contralor General de la República el 31 de diciembre de 1974, ejerciendo dichas funciones durante el año 1975.





Gral. EP Guillermo Schorth Carlin | Período 1974
Guillermo Schorth Carlin, nació en Lima. Realizó sus estudios en la Escuela Militar de Chorrillos en 1946.

En 1973, fue nombrado Contralor General de la República, y como tal ejercio la Presidencia del Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras - ILACIF. Participó asimismo como Presidente de la Delegación Peruana en el VIII Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores realizado en Madrid - España.





Gral EP. Oscar Vargas Prieto | Período 1971 - 1972 y 1976 - 1977
Oscar Vargas Prieto, nació en la ciudad de Moquegua. Realizó sus estudios en esta ciudad y en la de Tacna, y posteriormente en Lima en la Escuela Militar de Chorrillos.

Tuvo a su cargo la Reorganización de la Contraloría General de la República en 1971, siendo gestor de la dación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control - Decreto Ley N° 19039.

Ocupo el cargo de Contralor General de la República durante dos oportunidades 1971 - 1972 y en 1976. En estos cargos, tuvo destacada actuación en los Congresos Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Montreal y Bogotá, luego de cuyas jornadas se otorgó por unanimidad a Lima la Sede del Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras - ILACIF.

A propuesta de la Declaración de España, recibió el nombramiento de Gobernador Honorario de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, ante el IX Congreso Mundial de dicha Organización realizado en Lima.





Señor Cesar E. Salazar Souza Ferreira | Período 1954 - 1970
Cesar E. Salazar Souza Ferreira. Nació en Barranco. Inicio su carrera en la Administración Pública en julio de 1935 laborando en el Ministerio de Educación y a partir de 1940 en la Contraloría General de la República.

Ejerció el cargo de Contralor General de la República de enero de 1954 a diciembre de 1970. Antes ejercicio de tan alta función se desempeño como Corretista, Jefe del Departamento de Presupuesto, Jefe de la Repartición de Fiscalización Preventiva, Secretario General - entre otros.

Participó en el V Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, realizado en Israel en 1965 y en el VI Congreso de dichas Entidades en 1966, en Tokio - Japón.

Ostenta las Condecoraciones de la Orden del Sol del Perú y la de la Orden del Servicio Civil del Estado en los Grados de Gran Oficial.





Doctor Emilio Foley Gastjens
| Período 1950 - 1953
Emilio Foley Gastjens nació en La Punta - Callao. Fue funcionario de carrera, la misma que ejerció en la Contraloría General de la República desde 1944, en los cargos de Contador 3°, contador 2°, Inspector, Interventor Auxiliar, Secretario General - entre otros.

Ejerció el cargo de Contralor Interino del 27 de julio de 1950 al 31 de diciembre de 1951 siendo nombrado posteriormente Contralor General de la República, cargo que ejerció de enero de 1952 a noviembre de 1953.

El Dr. Foley Gastjens fue becado por el Gobierno Peruano, y siguió estudios en el Bureau de Presupuesto de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos.

Murió trágicamente el 27 de noviembre de 1962, al retorno de su participación en la 7ª. Reunión de la FAO, realizada en el Uruguay.





Señor Oscar Chocano Marquez | Período 1949 - 1950
Oscar Chocano Marquez, nación en Iquique, Tarapacá en octubre de 1887.

Por sus convicciones nacionalistas, emigró a la capital cuando contaba con 21 años de edad.

Trabajo en la empresa privada como contador de las haciendas San Jacinto, Cerro Azul, Casa Blanca. Luego en la Sociedad Agrícola Santa Bárbara y Testamentería Barrenechea.

Ingresó a la Administración Pública, en setiembre de 1934, ocupando en el Ministerio de Hacienda y Comercio los cargos de Auxiliar del Departamento de Predios, Inspector de Hacienda, Intendente General de Hacienda y Director de Presupuesto.

Ejerció las funciones de Contralor General de la República, de enero de 1949 a julio de 1950.

Falleció en Lima, el 25 de julio de 1950.





Señor Guillermo Bernardo Ronald Ayluardo | Período 1944 - 1949
Guillermo Bernardo Ronald Ayluardo, nació en el Callao el 05 de enero de 1905. Realizo sus estudios secundarios y superiores en Edimburgo, Escocia, doctorandose en Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Glasgow.

Ejerció cargo de Contralor General de la República de julio de 1944 a enero de 1949.

Entre otros importantes cargos desempeñados por el Dr. Ronald Ayluardo, pueden citarse lo de Teniente Alcalde del Callao, Miembro de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao, propulsor y fundador de "Actividades Portuarias S.A".

Cabe destacar que don Guillermo Ronald Ayluardo, asumió el cargo de Contralor General, al declarase en Reorganización la Contraloría de la República.

Fue miembro del Instituto de Contadores Públicos de Escocia; y en el Perú contribuyó a la formación del Instituto de Contadores Públicos.

Falleció en Niágara, el 06 de julio de 1957, siendo sus restos repatriados al país.





Señor Manuel Enrique Tirado Reyes | Período 1932 - 1944
Don Manuel Enrique Tirado Reyes, nació en Sullana, Departamento de Piura el 19 de julio de 1888.

Heredó de su padre la vocación por la carrera militar, ingresando a los 14 años a como alumno de la sección preparatoria de la Escuela Militar de Chorrillos, hasta 1906, año en que ceso como Sub - Oficial de Caballería, debido a serias lesiones en maniobras de la profesión.

De 1906 a 1920 laboró en distintos cargos como funcionario de la Ex - Caja de Depósito y Consignaciones, desempeñando diversos puestos en diferentes lugares del Perú, tales como Casma, Cora-Cora, Mollendo, Puno, Apllo, Tomasiri y Caraveli.

Viajo posteriormente a Venezuela, en donde el Banco Nacional de Caracas le confió el importante cargo de Primer Contador de dicho Banco.

Fue llamado por el Gobierno Peruano, para desempeñar el cargo de Contralor General de la República, el mismo que ejerció de setiembre de 1932 a junio de 1944.

En diciembre de 1939, fue condecorado con la "Orden del Sol del Perú", por los importantes servicios prestados a la Nación.

Falleció en Lima, el 17 de diciembre de 1948.





Don Ricardo Madueño Rosas | Período 1929 - 1932
El primer Contralor General de la República, don Ricardo Madueño Rosas, nació el 27 de agosto de 1988, en Arequipa. Desde muy joven inició su carrera en la Administración Pública como empleado del Ministerio de Hacienda y Comercio; habiendo desempeñado entre otros los cargos de Director General de Contabilidad (1922) y Liquidador de la Compañía Recaudadora de Impuestos (1925), Intendente General de Hacienda, fundador y Director de la Caja de Depósitos y consignaciones; siendo igualmente Catedrático del Curso de Organización Administrativa y Fiscal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cargo que ejerció por mas de 30 años.

Le cupo el honor de ser miembro fundador de la Contraloría General de la República del Perú. En dicho cargo participo en la elaboración del Proyecto de Presupuesto así como en la creación de un Departamento encargado del control Preventivo de los gastos públicos considerando en partidas globales, criterios que respondían al enfoque de entonces.

El Sr. Madueño Rosas, ejerció el cargo de Contralor General de la República de 1929 a 1932. Con posterioridad al ejercicio de sus funciones de Contralor General, desempeño los cargos de Director Gerente General del Banco Industrial del Perú y luego de su jubilación como Asesor del Directorio y de la Gerencia de dicho Banco hasta 1968.

Fue autor de diversos trabajos de índole económica, entre los que pueden mencionarse "La importancia de la Industria Salitrera antes de la Guerra del 79", "La Hacienda Pública", "Abaratamiento de las Subsistencias".

Ostentó en dos oportunidades la Condecoración de la Orden del Sol del Perú. El Sr. Madueño, falleció en lima, el 03 de enero de 1978.

CONTRALORIA - HISTORIA

Reseña Histórica
Incanato.- En el Tahuantinsuyo existió una especie de Sistema Contable desarrollado a través de los quipus. Esta forma de control surgió como una necesidad imperiosa ante la complejidad de lo que podríamos denominar el sistema tributario incaico (mitas). Los quipus eran básicamente un conjunto de soguillas de distintos colores, anudadas de tal manera que pudieran representar cantidades. Los Quipucamayocs, quienes operaban los quipus, eran comparativamente hablando, los "contadores" de esa época.

Consecuentemente, hicieron su aparición los contralores de los Contables; es decir, los encargados de supervisar que la contabilidad se lleve a cabo con toda corrección y exactitud. Estos funcionarios fueron denominados los Tuckuricos, cuyas funciones, guardando distancias, podrían ser equiparadas a las que la Constitución y la Ley encomiendan actualmente a la Contraloría General de la República.

Colonia.- En la Edad Media, las Casas Reales europeas contaban con funcionarios especializados denominados Contralor o Veedor, tal como se les conocía, por ejemplo en Francia y en España, respectivamente.

En la Colonia, existieron diversos mecanismos específicos de revisión contable, tales como la Junta de la Real Hacienda (Virrey La Gasca), la Contaduría Mayor de Indias y España (Rey Felipe II), la Secretaría a cargo del Libro de razón de cuentas (Virrey Toledo) y la Contaduría de cuentas y recuentas (1595).

El Control en la República
Tribunal Mayor de Cuentas.- Al producirse la independencia y nacer la República, el Tribunal Mayor y Hacienda Real de Cuentas del Virreynato, creado por el Rey de Felipe III de España por Real Cédula de 1605, adoptó la denominación de Tribunal de Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya organización y funciones se expone a continuación de manera sucinta:

Funciones, Facultades y Atribuciones.- Las instituciones del Sector Público Nacional estaban obligadas a remitirle toda la documentación de sus operaciones presupuestales. Los comprobantes recibidos eran distribuidos entre los juzgados, según las entidades asignadas a cada uno, para su revisión en lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

De existir errores, irregularidades administrativas, indicios de dolo o cualquier otra deficiencia, el Juzgado correspondiente confeccionaba un Pliego de reparos, que consistía en una relación de observaciones que elevaban a la Sala de Vocales (conformadas por abogados), quienes luego de un exhaustivo examen de los expedientes, emitían su dictamen, el cual, acompañado de un Proyecto de Resolución Presidencial elevaban al despacho del Sr. Presidente (Abogado) del Tribunal Mayor de Cuentas, quien debía decidir por la procedencia o improcedencia del documento.


Debe anotarse que los encargados de los Juzgados no eran profesionales, sino solo empleados de carrera, poseedores de la experiencia necesaria.

En cuanto a los Departamentos de Rectificación Militar y Civil, a ellos llegaban los ajustamientos (manifestados y pagos) y las planillas de sueldos y salarios de los servidores militares y civiles, respectivamente; siendo su misión revisarlos y archivarlos a fin de facilitar su consulta, dado que debían atender e informar sobre las solicitudes de dichos servidores respecto al reconocimiento de su tiempo de servicios, cuya certificación igualmente, era elevada al despacho del Sr. Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas para su aprobación y firma.

A través de su existencia, el Tribunal Mayor de Cuentas venía experimentando la misma situación ocurrida en la colonia, o sea un gran atraso en el cumplimiento de sus funciones, acumulándose por ello, cientos de expedientes sin procesar o sin concluir, situación que relacionada con las funciones que debía cumplir la Contraloría, principalmente la de auditoría, originaba confusiones y duplicidades en el control del Sector Público Nacional. Esta situación, motivó que mediante la Ley Nº 14816-Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República, dada el 16 de enero de 1964, el Tribunal Mayor de Cuentas pase a ser un organismo integrante de la Contraloría General de la República. Su presupuesto constituyó uno de los programas del Pliego de la Autoridad Superior de Control.

Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República del Perú fue creada por Decreto Supremo de fecha 26 de setiembre de 1929 en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, habiéndose publicado dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el día miércoles 2 de octubre del año indicado.

Don Ricardo Madueño y Rosas, Director General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con un reducido equipo de colaboradores de su entorno, y en vista de la urgencia de controlar debidamente los gastos relativos al presupuesto, propuso al Ministro de Hacienda don M. G. Masías expedir por medio de Decreto Supremo —con cargo de dar cuenta al Congreso en la siguiente legislatura ordinaria—, la creación de la Contraloría General de la República, siguiendo los moldes que por entonces el economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer se encontraba proponiendo e implementando en países como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia.

Cinco meses después, en febrero de 1930, el Congreso de la República, basándose en su mayor parte en el Decreto Supremo de 1929, aprobó la Ley correspondiente que fue promulgada el 28 de febrero por el Ejecutivo, con el N° 6784.

Según el consagrado historiador de la República, don Jorge Basadre Grohman, en el Perú sólo peruanos intervinieron en su establecimiento y organización. Se quiso lograr con esta oficina la centralización en el movimiento de las direcciones del Tesoro, Contabilidad y Crédito Público y vigilar, además, que no fueran contraídas por los distintos departamentos de la administración estatal —obligaciones por sumas mayores a los recursos legalmente disponibles, ciñendo los gastos a las cifras consignadas en el presupuesto—.

A los pocos meses de expedido el Decreto Supremo, el Congreso de la República dio la Ley Nº 6784, de fecha 28 de febrero de 1930, confiriéndole nivel legal a la existencia de la Contraloría General, disponiendo su conformación con las Direcciones del Tesoro, Contabilidad y del Crédito Público del entonces Ministerio de Hacienda.

El texto de la ley, contenía en un 95% lo dispuesto en el Decreto Supremo, determinando las funciones básicas de fiscalización preventiva del gasto público, llevar la contabilidad de la Nación, preparar la Cuenta General de la República e inspección a todas y cada una de las entidades del Estado.

Al expedirse la Ley Nº 14816 (16.ENE.1964), en su artículo 67, se dio a la Contraloría la calidad de Organismo autónomo con independencia administrativa y funcional, autoridad superior de control presupuestario y patrimonial del Sector Público Nacional, sin perjuicio de la máxima facultad fiscalizadora del Congreso de la República.

Además, la Ley dispuso en su artículo 94 que la función de la fiscalización previa sea sólo de responsabilidad de las respectivas Oficinas de Administración de las entidades públicas; igualmente que los expedientes sin procesar por el Tribunal Mayor de Cuentas se remitieran a las entidades correspondientes, de manera que sólo aquellos en proceso continuarían trabajando la Contraloría a través de su Oficina de Ejecución de Resoluciones (un rezago del T.M. de C.).

En tal virtud, por mandato de la Ley Nº 14816 la Contraloría General quedó a cargo de las funciones de Contabilidad y Auditoría.

Posteriormente, en su capítulo IX, artículo 67, sobre la base de la Ley N° 6784, y el artículo 10 de la Constitución de 1933, otorgan a la Contraloría General de la República autonomía e independencia administrativa. Esto se reconoce en la norma 14816, Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República, del 16 de enero de 1964.

Más tarde, surge la norma No. 19039, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, del 16 de noviembre de 1971, que en sus artículos 1, 11 y 14 señala que la Contraloría General de la República es la entidad superior de control del sector público nacional y reitera el rango de Ministro de Estado al Contralor General de la República.

En marzo de 1972, por Decreto Supremo 001-72-CG, se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley N°19039.

Luego, el Decreto Ley N° 26162, del 24 de diciembre de 1992, regula el Sistema Nacional de Control, deroga el Decreto Ley N° 19039 y demás normas que se le oponen. Asimismo, señala expresamente las atribuciones, principio y criterios aplicables en el ejercicio del control gubernamental. Actualmente se rige por la Ley N° 27785, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, publicada el 23 de julio de 2002.

Finalmente, la Constitución Política del Perú en su artículo 82, señala que: “La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años”.

CONTRALORIA

Misión
“Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos”.

Visión
“Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Valores
Honestidad (Siempre con la verdad)
Justicia (Obrar con la razón y la ley)
Prudencia (Actuar oportunamente con conocimiento y responsabilidad)

Funciones
De acuerdo al art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, aprobada por Ley N° 27785 son atribuciones de la Contraloría General de la República:

Tener acceso en cualquier momento, y sin limitación a los registros, a documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual.

Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean necesarias o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades.

Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata por el Procurador Público de la Contraloría General de la República o el procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal.

ASPA

Que es el ASPA?

La Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) es un foro de coordinación política entre los países de estas dos regiones, así como un mecanismo de cooperación en el ámbito de la economía, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, la preservación del medio ambiente, el turismo y otros temas relevantes para el desarrollo sustentable de esos países y para contribuir a la paz mundial.

Esta asociación de naciones se sustenta en raíces comunes -que aún hoy se traslucen en aspectos culturales tales como el lenguaje y la gastronomía- así como en valores fundamentales y en una visión compartida del futuro de la Humanidad.

Quienes los conforman?

Son miembros de ASPA los 22 países Árabes que integran la Liga de Estados Árabes, así como los 12 países que conforman Unasur

Países de los Estados Arábes:

Liga de los Estados Árabes: Argelia, Bahrain, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Yemen y Yibouti.

Países de América del Sur:

UNASUR

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela


UNASUR - Desafios

Con miras a avanzar en la profundización de una integración integral, el Programa de Trabajo de la Secretaría General para el 2009 contempla el desarrollo de temas en diversos ámbitos políticos, sociales, culturales, ambientales y comerciales, entre otros, que contribuyan a los esfuerzos nacionales orientados a combatir la pobreza, la inequidad y la exclusión social; recuperar la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza; y posibilitar la participación social y espacios de diálogo con la sociedad civil, entre otros.

Las Áreas de Trabajo contempladas en este programa son las siguientes:












Estas Áreas contemplan, a su vez, Programas con sus respectivas Líneas de Acción, lo que permitirá concentrar los esfuerzos institucionales en acciones concretas y evaluables periódicamente por la propia Secretaría y los Países Miembros.

UNASUR - Objetivos

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social;


Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación;


Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.


Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional;


Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros.


Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.

UNASUR

ANTECEDENTES

La Comunidad Sudamericana de Naciones se conformó con la decisión de los Presidentes de la región reunidos en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre de 2004, y tiene en las Declaraciones de Cuzco y Ayacucho sus documentos fundacionales. Refleja un intenso proceso de aproximación de los dirigentes políticos de la región en los últimos años.

En la reunión Cumbre de Brasilia, del 30 de septiembre de 2005, una Declaración Presidencial definió la Agenda Prioritaria y el Programa de Acción de la Comunidad, al mismo tiempo en que aprobó las Declaraciones sobre la Convergencia de los Procesos de Integración de América del Sur y sobre la Integración en el Área de Infraestructura, entre otras.

A pesar de los avances obtenidos, se ponderó la necesidad de dar mayor profundidad a los contenidos de la integración y a las formas institucionales de que deberían revestirse. Esas preocupaciones estuvieron presentes en la carta dirigida a los líderes sudamericanos por los Presidentes Hugo Chávez y Tabaré Vázquez. Se hizo necesario definir sus alcances a los fines de garantizar la construcción de un nuevo modelo de integración, que aproveche efectivamente las experiencias positivas de los mecanismos de integración subregional existentes, como el CARICOM, la CAN y el Mercosur.

En la reunión extraordinaria de Montevideo, en diciembre de 2005, surgió la decisión de crear esta Comisión de Reflexión, constituida por representantes personales de los Presidentes, con la tarea de producir un Documento de Reflexión para ser sometido a la II Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en fines de 2006.

La integración de América del Sur: oportunidades

América del Sur es una región que presenta un enorme potencial. Posee una extensión de 17.6 millones de km2. La diversidad de su territorio abriga ecosistemas diversos, como el Caribe, la Amazonia, la Cordillera andina, el Pantanal, la Pampa, el Cerrado o las regiones heladas del sur del continente. Su población es de 377 millones de habitantes y su producto bruto interno es de US$ 1,5 billón.

Los países de la región se encuentran, hoy, en proceso de expansión económica, habiendo registrado en conjunto, en 2005, un crecimiento del 4.7%, con bajos índices de inflación, tasas de interés en descenso y disminución de la vulnerabilidad externa, en función del crecimiento de sus exportaciones. Las estimativas preliminares apuntan que, en 2006, el crecimiento del Producto Bruto Interno será del orden de 5,4% en promedio.

La región dispone de elementos fundamentales para el futuro de la humanidad: (a) abundantes recursos energéticos renovables y no renovables; (b) grandes reservas minerales; (c) significativos manantiales de agua; (d) enorme potencial de producción de alimentos y (d) riquísima biodiversidad. Dispone además de un importante y diversificado parque industrial, Universidades y centros de investigación científica y tecnológica de excelencia.

A diferencia de otras regiones, hay pocos litigios territoriales entre las naciones sudamericanas, todos ellos con grandes posibilidades de que sean resueltos por la vía de la negociación diplomática. América del Sur es una zona de paz, libre de manifestaciones de intolerancia política, ideológica o religiosa.

El continente presenta hoy día una enorme vitalidad democrática, que se expresa en la sucesión de elecciones libres y justas, en las reformas políticas que dan solidez institucional a los Estados, en la creciente promoción y defensa de los derechos humanos y, sobre todo, en la ampliación de la participación popular, especialmente de sectores social y étnicamente marginados a lo largo de nuestra historia.

Mas allá de las lenguas de los pueblos originarios, que constituyen un rico patrimonio, existe en América del Sur una considerable homogeneidad lingüística, lo que facilita el diálogo cultural.

Los grandes flagelos que afectan a la región, como conjunto, son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, los cuales han reconocido la impostergable necesidad de atender al déficit social.

La percepción del difícil cuadro internacional, por un lado, y de las potencialidades que la región posee, por otro, reforzaron en los gobiernos, pero también en los movimientos sociales y la sociedad civil como conjunto, la conciencia sobre la necesidad de la integración. Sin embargo, este reforzamiento no se hace sin contradicciones. Al mismo tiempo en que el Mercosur se expandió, con la integración de Venezuela como miembro pleno y de muchos otros países como miembros asociados, además de la asociación del bloque con la CAN, cobra importancia el problema de las asimetrías entre los países miembros, incluso las de naturaleza geográfica que afectan los países mediterráneos de la región, todas las cuales exigen la máxima atención y soluciones adecuadas.

La construcción de un nuevo modelo de integración no puede estar basada únicamente en las relaciones comerciales, sobre todo cuando es bien sabido que la región admite regímenes distintos: Mercosur, CAN, CARICOM y Chile. Con miras a la construcción de una integración equilibrada y la consolidación de una Agenda de Integración Social y Productiva, los países de América del Sur, dando énfasis a la convergencia comercial, deben buscar una articulación económica y productiva más amplia, así como formas de cooperación política, social y cultural. Ella debe favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral de América del Sur.

En un período de reafirmación del Estado Nacional, la integración regional surge como un elemento indispensable de realización de nuestros proyectos nacionales de desarrollo. Se abren fuertes posibilidades de cooperación en materia de infraestructura, energía, complementación industrial y agrícola, medio ambiente, combate a la pobreza y a la exclusión social, fuentes de financiamiento para el desarrollo, seguridad, educación, cultura, ciencia y tecnología. Estas distintas formas de cooperación exigirán soluciones institucionales integradas.

No fueron pocas las diferencias entre las naciones sudamericanas en estos últimos meses. Paradójicamente, éstas se dieron cuando parecían haberse reunido condiciones excepcionales, objetivas y subjetivas, para la integración regional. Sin desconocer estas cuestiones, ni dejar de buscar soluciones inmediatas para ellas, es fundamental pensar la integración como un proyecto estratégico y con sentido de política de Estado, superior a las contingencias adversas que puedan surgir puntualmente.

Sin perder nunca su dimensión “utópica” – un legado valioso de nuestros próceres – es evidente que la integración sudamericana tiene sus fundamentos en la realidad más apremiante de nuestro continente. Así como también es cierto, que es y será pluralista, porque abriga distintas concepciones políticas e ideológicas, que corresponden a la diversidad democrática interna de nuestros países.

En este sentido, la construcción integral de la Comunidad Sudamericana de Naciones debe buscar el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Ese proceso debe fortalecer la identidad propia de América del Sur, basada en el carácter multiétnico, multicultural y plurilingüe de nuestros pueblos. Debe reconocer el papel de los pueblos originarios, de los afro descendentes y de los inmigrantes que tuvieran rol importante en la formación y e las luchas sociales del continente. Desde esa perspectiva, debe contribuir, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe, otorgándole una mayor gravitación y representación en los foros internacionales.

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